Zona Franca 2030

Cámara Franca de Punta Arenas A.G.

La Zona Franca de Punta Arenas se aproxima a una de las decisiones más importantes para el futuro económico de Magallanes. En 2030 finalizará la actual concesión y comenzará una nueva etapa que podría definir, durante décadas, las condiciones bajo las cuales operará uno de los principales instrumentos de desarrollo de nuestra región.

Pero antes de preguntarnos cómo queremos que sea la Zona Franca del futuro, tenemos la responsabilidad de preguntarnos qué está funcionando mal en el presente y por qué resulta indispensable corregirlo.

Esa fue precisamente una de las razones que motivaron a la Cámara Franca a sostener una reunión de trabajo con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, gracias a las gestiones del diputado Carlos Bianchi y del senador Karim Bianchi, a quienes agradecemos su compromiso con esta materia. Extendemos también nuestro reconocimiento al subsecretario y a su equipo de asesores por la disposición a escuchar directamente los planteamientos de nuestra asociación.

No viajamos a Santiago para cumplir con una formalidad protocolar ni para manifestar inquietudes generales. Fuimos a exponer problemas concretos que afectan a quienes desarrollan sus actividades dentro del recinto franco y a plantear la necesidad de que la próxima concesión incorpore cambios de fondo.

Detrás de esta gestión existe un trabajo sostenido de investigación, recopilación de antecedentes, análisis normativo y revisión de documentación técnica. Hemos dedicado esfuerzos a estudiar el funcionamiento del modelo actual, las condiciones que enfrentan sus usuarios y las alternativas que podrían contribuir a mejorar el sistema. Porque cuando se trata del futuro de Magallanes, las propuestas deben sostenerse en argumentos, evidencia y conocimiento de la realidad.

Durante años hemos observado una discusión pública que suele concentrarse en indicadores de crecimiento, inversiones, infraestructura y actividad comercial. Son antecedentes relevantes y nadie pretende desconocerlos. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre demostrar que una concesión ha generado actividad económica y demostrar que su modelo de administración está entregando todos los beneficios que la región debería recibir.

El crecimiento de la Zona Franca no puede utilizarse como argumento suficiente para dar por exitoso un modelo cuyas condiciones económicas y operacionales todavía requieren una revisión profunda.

Los costos de ocupación, arriendos, gastos comunes y demás condiciones comerciales no son asuntos exclusivamente privados entre una administradora y sus usuarios. Son factores que inciden en la competitividad de las empresas, en sus posibilidades de inversión y en los precios que finalmente pueden ofrecer a los consumidores.

Una Zona Franca que encarece innecesariamente la operación de sus comerciantes corre el riesgo de debilitar precisamente el objetivo para el cual fue creada.

Conviene recordar algo esencial: la Zona Franca no nació para ser simplemente un negocio inmobiliario exitoso. Surgió como un régimen excepcional destinado a compensar las desventajas de nuestra ubicación geográfica, estimular la actividad económica y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Magallanes.

Cuando ese propósito se subordina a otros intereses, corresponde revisar las reglas que gobiernan el sistema.

No se trata de negar las inversiones realizadas ni de desconocer los derechos de quien administra actualmente el recinto. Se trata de comprender que una concesión pública debe evaluarse principalmente por su contribución al interés que justifica su existencia, y no solamente por los resultados comerciales de su operador.

Por eso consideramos indispensable que el próximo proceso de licitación contemple una revisión seria de la estructura tarifaria, las condiciones de competencia, los mecanismos de fiscalización y las obligaciones que deberá asumir el futuro concesionario. Las nuevas bases deben establecer exigencias claras, transparentes y verificables, con indicadores que permitan evaluar si los beneficios del régimen franco están llegando efectivamente a la región.

También creemos necesario que las decisiones sobre este futuro se construyan con independencia, transparencia y condiciones de igualdad para quienes eventualmente deseen participar en la próxima licitación. La experiencia de todos los actores puede contribuir al diagnóstico, pero el diseño de las reglas debe resguardar rigurosamente el interés público y evitar cualquier ventaja indebida.

Magallanes no necesita una discusión destinada a conservar lo existente por el solo hecho de que ha funcionado durante años. Necesita preguntarse si ese funcionamiento es suficientemente bueno, qué oportunidades hemos dejado pasar y cuánto más podría aportar la Zona Franca mediante un modelo mejor diseñado.

La reunión con Hacienda no representa el término de nuestras gestiones. Es parte de un esfuerzo por llevar los problemas y propuestas de nuestros asociados hasta las instancias donde se tomarán decisiones fundamentales.

Nuestra responsabilidad no es defender una administración determinada, sino las condiciones que permitan a los empresarios competir, invertir, generar empleo y ofrecer mayores beneficios a la comunidad.

El verdadero desafío de 2030 no será decidir quién administra la Zona Franca, sino establecer para quién debe funcionar y cómo se garantizará que cumpla ese propósito.

En la Cámara Franca seguiremos trabajando para que la próxima concesión no sea una simple continuidad administrativa, sino una oportunidad real de recuperar el espíritu que dio origen a este régimen excepcional.

Porque la Zona Franca pertenece al futuro de Magallanes, y ese futuro merece mucho más que conformarnos con lo que hoy tenemos.